LA MENTALIDAD REINANTE EN EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

rganizaciones sociales repudian las torturas sufridas por un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense y reclaman la implementación de un mecanismo nacional de prevención (Jueves 10 de septiembre de 2009) Las organizaciones que desde hace años trabajamos en el monitoreo de los lugares de detención y denunciamos las violaciones a los derechos humanos, promoviendo políticas de sanción y prevención de la tortura, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los hechos denunciados por Carlos Maidana, el integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense que fue sometido a una “bienvenida carcelaria” grabada por sus compañeros de fuerza en la unidad de Melchor Romero, provincia de Buenos Aires. Estas personas, encargadas de la seguridad de la cárcel, le impusieron aquellas vejaciones con las que están acostumbrados a castigar los cuerpos de los detenidos, las cuales remiten a la continuidad de las más perversas prácticas del terrorismo de Estado. La repercusión de estas imágenes nos coloca frente a una triste oportunidad para hacer visible lo que se pretende silenciar: la tortura existe en Argentina y es parte de la vida en los lugares de encierro. Del mismo modo persisten las condiciones políticas, culturales y sociales que la hacen posible y tolerable, cuando se trata fundamentalmente de las “otras” víctimas, las personas detenidas. Situaciones de violencia que, en la mayoría de los casos, son rutinizadas y negadas por funcionarios políticos y por jueces, fiscales y defensores. Estos padecimientos, descriptos en informes, presentaciones judiciales y foros públicos, forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y asilos psiquiátricos del país. Las imágenes no dejan lugar para los eufemismos hipócritas. Esto es tortura. Pero no se trata sólo de hacer responsables a los que aparecen vejando entre risas y goce el cuerpo de su compañero. Es necesario dejar en claro que los hechos que tomaron difusión pública responden al patrón estructural de violación de derechos humanos que pesa sobre las personas detenidas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha minimizado en cuanta oportunidad tuvo la importancia y magnitud de esta situación estructural de violación de derechos humanos a través de la negación sistemática y del impulso de medidas superficiales e infructuosas. El gobierno nacional también ha desdeñado la importancia del tema para la construcción de una agenda de derechos humanos que integre el pasado con el presente. Los poderes judiciales se han desentendido históricamente de esta situación, hecho que es evidente si se analiza el altísimo índice de impunidad que muestran las denuncias. En la medida que no exista un compromiso cierto del poder judicial en involucrarse, difícilmente se podrá avanzar en cambios sustantivos. Al mismo tiempo, desde hace varios años el Estado argentino tiene pendiente la implementación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, una pieza institucional clave para el control de los lugares de detención. Este mecanismo prevé la interrelación entre el Estado y las organizaciones sociales, para sumar fuerza y legitimidad a la capacidad de control y transformación de las fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales. Las organizaciones firmantes impulsamos la creación del mecanismo nacional y de los mecanismos locales e instamos a las autoridades federales y provinciales a que consideren seriamente las propuestas que hoy existen y asuman la responsabilidad y el compromiso ético de avanzar en una política de protección de derechos de las personas privadas de libertad. ANDHES APDH - Azul APDH – La Plata Asociación Civil La Cantora Asociación de Defensores de Derechos Humanos – Pcia. Buenos Aires Asociación Pensamiento Penal (APP) Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Asociación Xumec - Mendoza Asociación Zainuco- Neuquén Casa del Liberado - Córdoba Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Comisión Provincial por la Memoria - Comité contra la Tortura Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) – Rosario Colectivo por la Diversidad (COPADI) Colegio de Abogados de Lomas de Zamora Fundación Sur Argentina Grupo de Mujeres de la Argentina Grupo de Pasantes y Coordinadores de la Pasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Rosario.- INECIP Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA Coordinador COMITE CONTRA LA TORTURA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

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INFORME DEL COMITE CONTRA LA TORTURA.-DIFUNDIR.-

6 de agosto de 2009

PRENSA

COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2009

Creciente número de detenidos y más violencia en cárceles y comisarías, aumento del número de suicidios en los institutos de menores y fuertes críticas a la política penal y de seguridad de la gestión Scioli son algunos de los datos y señalamientos del informe que será presentado el jueves 6 de agosto por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

El jueves 6 de agosto a las 18 el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, presentará públicamente su Informe anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales

Participarán del panel de presentación Leonardo Franco , Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pilar Calveiro profesora-investigadora de la Universidad de Puebla, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura , y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón , co-presidentes de la Comisión por la Memoria. El acto se llevará a cabo el 6 de agosto a las 18 horas en el Colegio de Abogados de La Plata , calle 13 e/ 48 y 49 de La Plata.

En la presentación estarán presentes además, los restantes miembros del plenario de la Comisión : Laura Conte , Aldo Etchegoyen , Víctor Mendibil , Elisa Carca, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun , Tito Cossa ,

Daniel Goldman, Luis Lima , María Verónica Piccone , Carlos Sánchez Viamonte, Martha Pelloni , Emilce Moler , Susana Méndez, Fortunato Mallimaci , Víctor De Gennaro y Alejandro Mosquera.

Antes de su presentación pública, una delegación de la Comisión se entrevistó en la tarde de hoy y entregó el informe al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y , en representación del Poder Ejecutivo, al Ministro de Justicia Ricardo Casal.

El Sistema de la crueldad IV está estructurado en tres grandes partes: políticas penitenciarias y situación carcelaria; políticas de niñez y adolescencia y situación en los institutos de menores; políticas de seguridad y situación de comisarías. Un último capítulo se ocupa de hacer un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, en todos los casos, se hizo desde el prisma de la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste es el cuarto informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención producido por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

“Nuestro balance sobre las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas por la gestión del gobernador Scioli, es muy crítico, aunque hemos tenido una convivencia institucional respetuosa. Creemos que fortalece la institucionalidad democrática de la provincia que existan mecanismos de control autónomos de los gobiernos de turno. En este sentido, la tarea que despliega la Comisión por la Memoria en los lugares de detención de la provincia se ajusta a los establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la Comisión por la Memoria.

“Desde una perspectiva general uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Los legisladores la votaron sin la menor preocupación por su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes, si sumamos población alojada en cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo”, señaló Hugo Cañon, que participará el jueves del panel de presentación del Informe.

En la introducción general del Informe 2009, uno de los párrafos más críticos está dedicado a las políticas de seguridad: “La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex - ministro de Seguridad León Arslanián, que aspiraba al control político de la institución policial, la actual gestión ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder; se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada en comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador”.

A modo de síntesis

Los siguientes son algunos de los conceptos y datos más destacados desarrollados en el Informe 2009 del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

Población carcelaria: a marzo de 2008 ascendía a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009. En comisarías creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4.142 personas en marzo de 2009. En total, la provincia tenía a marzo de este año 28.322 personas detenidas.

Más mujeres detenidas: la población femenina de las unidades carcelarias de la provincia ha crecido en el último año: mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el 2008 representan el 4,1% del total de detenidos. Ese crecimiento se explica en buena medida por el aumento significativo del porcentaje de mujeres detenidas y acusadas de tenencia simple de estupefacientes.

Muertes: durante el año 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación al 2007, en que murieron 101 personas. Siguiendo la clasificación del Servicio Penitenciario, las muertes traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total. En 31 establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado. La U.1 de Olmos fue donde murieron la mayor cantidad de personas: 15. Las muertes no traumáticas representan el 57 % del total. Muchas son evitables y tienen origen en enfermedades que de tratarse de manera adecuada pueden curarse (casos de pacientes con VIH y TBC).

Hechos violentos: de acuerdo a los informes remitidos por el propio Poder Judicial, ascienden a 7.027 en el transcurso del año 2008, esto es más de 585 hechos mensuales. Estos hechos se agrupan conforme la propia clasificación efectuada por el SPB: pelea entre varios internos, pelea entre dos internos, agresión entre internos, autolesión, accidente, agresión al personal, amenaza al personal e intento de suicidio.

Represión con balas de goma: los hechos de represión dentro de las cárceles se han constituido en la herramienta preponderante para resolver las situaciones conflictivas que se generan. Aunque el personal penitenciario, por la Ley de Ejecución Penal, tiene limitado el uso de armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos en 1.487 oportunidades durante 2008, o sea alrededor de 123 hechos por mes.

Gobernabilidad carcelaria: asume en las cárceles provinciales distintos diseños de parte del Servicio Penitenciario Provincial. En este informe se discriminan y analizan dos: a) unidades donde se delega el gobierno en los detenidos; y b) unidades donde no se delega ningún espacio de gobierno. Un ejemplo del primer diseño lo constituye la Unidad 1 de Olmos, donde la tercerización de cierto ejercicio de la fuerza, violencia y sometimiento se hace evidente al revisar un solo dato: en una de las inspecciones realizadas por este comité, se constató que había un total de aproximadamente 23 penitenciarios por turno como guardianes de casi 1.800 presos. Esta cifra demuestra la obvia delegación de la organización interna de los pabellones y la zona liberada para la gestión de sistemas endógenos de dominación y sometimiento. Un ejemplo de la segunda forma de gobernabilidad –allí donde el SPB no delega el control- es la Unidad 30 de Alvear, que aloja a 1.600 detenidos (casi tantos como Olmos). Allí la autoridad penitenciaria demarca constantemente la lógica de la máxima seguridad y el aislamiento, con circulación mínima dentro del penal. Los detenidos pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas (22 horas promedio). La circulación y las actividades son escasas, muy controladas y organizadas; las requisas y cacheos son sistemáticos. Ambos diseños de gobernabilidad son extremadamente violentos: mientras la U.1 de Olmos registra la mayor cantidad de muertes, la U.30 registra el mayor índice de torturas, malos tratos y hechos de violencia.

La tortura y los tratos crueles e inhumanos: el Estado provincial no ha construido políticas que se orienten expresa y sistemáticamente a prevenir, sancionar o identificar los hechos de tortura que se ejecutan en las cárceles provinciales. La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales. El Comité contra la Tortura presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura.

Agresiones físicas: de un total de 266 encuestas realizadas en 5 unidades penales de la provincia, el 72 % de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes y los primarios son porcentualmente más agredidos que los mayores y los reiterantes. El 25 % de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones por parte del personal penitenciario durante el año 2008. Si se analizan los datos por unidad, el porcentaje es especialmente alto en la Unidad 29 de Melchor Romero, donde el 60% de las detenidas entrevistadas reconoce haber sido agredida físicamente por el personal penitenciario. Las agresiones físicas a las detenidas son producidas tanto por personal penitenciario femenino como masculino. En las unidades penales destinadas a alojar mujeres está designado personal masculino que, aunque formalmente no debería mantener contacto directo con las detenidas, interviene ante situaciones de conflicto y en los traslados.

Picana eléctrica: durante el año 2008 se probó judicialmente un nuevo caso de pasaje de corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, debemos señalar una agilización de los dispositivos institucionales tendientes a obtener la prueba. La creación, en el ámbito de la Procuración General , de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, a cargo de la Dra. Virginia Creimer , fue una saludable decisión de la procuradora María del Carmen Falbo. Esta celeridad en la primera etapa de las investigaciones no tiene su correlato en lo que sucede luego: las causas avanzan morosamente y en general no permiten individualizar a los torturadores. El primer caso de pasaje de corriente eléctrica probado en democracia, el de Cristian López Toledo -tres años y medio después de ocurrido- se encuentra prácticamente sin movimiento en la U.F .I. 7 de La Plata. En el segundo caso, el de Julio Esteban Ortiz, tampoco fue posible identificar a los perpetradores.

El aislamiento: el aislamiento en los buzones de las cárceles provinciales constituye una de las formas más extendidas de tortura y crueldad sobre los detenidos. Esta medida se cumple en los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se registra mayor violencia física (golpizas), además del padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de 2 x 1,5 metros , con doble puerta, durante 23 ó 24 horas al día, muchas veces sin agua potable, con sanitarios que no funcionan, falta de luz, de calefacción, y sin acceso a patio, escuela o trabajo.

Los traslados: el régimen de traslados de detenidos, o calesita, es una medida de de castigo y disciplinamiento desplegada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial. Desde enero a noviembre de 2008 se hicieron efectivos un total de 47.709 traslados. Para citar sólo un ejemplo: sobre una encuesta realizada a 30 detenidos de 5 pabellones diferentes, el día 4 de noviembre de 2008, en la U.17 de Urdampilleta, surgió que el 93% de los detenidos entrevistados había sido trasladado en el último año y que el 54,2% fue trasladado más de 6 veces en ese período. Los traslados permanentes y sistemáticos afectan la vinculación familiar, el acceso a la educación, la justicia y la salud de las personas privadas de libertad. Además, los móviles de traslado no están preparados para alojar mujeres y se encuentran bajo la custodia de personal de seguridad masculino.

Prisión preventiva: un dato relevante es el alto porcentaje de mujeres detenidas con prisión preventiva: un 85 %, un porcentaje aun mayor que el de los hombres (76%). En el caso de las mujeres el uso excesivo de la prisión preventiva produce un fuerte impacto negativo sobre su núcleo familiar: problemas vinculados al acceso a la salud y la educación de los niños que conviven con su madre en prisión, institucionalización de los restantes hijos al momento de la detención,ruptura de los vínculos familiares a partir de los traslados de las detenidas por distintas unidades penales.

Mujeres en prisión con sus hijos: la U.33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos aloja a la mayoría de las mujeres detenidas embarazadas y de las detenidas que conviven con sus hijos en prisión. Mientras que en julio de 2008 había allí 71 niños y 23 mujeres se encontraban embarazadas, en abril de 2009 el número aumentó a 82 niños y 25 mujeres embarazadas. Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones. Excepto en la U.33 , no existen pabellones destinados exclusivamente para esta población. A partir del amparo colectivo presentado por este Comité a favor de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres (mayo 2007), se han notado avances en las políticas publicas tendientes a garantizar el acceso a la educación. El Ministerio de Desarrollo Social no ha implementado políticas públicas que establezcan el modo en que debe realizarse las salidas extramuros, el régimen de visitas o vinculación de los niños que residen en prisión con su familiares u otras instituciones. Situación que permiten acciones arbitrarias e ilegales por parte del Servicio Penitenciario que disponen el modo en que se realiza la externación de un niño una vez cumplido los 4 años de edad

Políticas de salud: el presupuesto para el área no se independiza, no crecen los recursos disponibles ni se extienden las funciones del personal de salud. De este modo, la reestructuración que impulsara el Ministerio de Justicia a través del decreto 950/05 se convierte en una disputa alrededor de la distribución de recursos y su gestión. Las consecuencias son detenidos que no se tratan, no disponen de medicamentos ni de traslados a hospitales, y mueren por enfermedades evitables.

Historias clínicas: los registros en la historia clínica son incompletos y no dan cuenta de las denuncias por apremios, golpes o torturas. Por el contrario, en general los certificados médicos se limitan a una serie de señalamientos de síntomas hechos en lenguaje técnico biológico, sin hacer lugar a la palabra del detenido ni señalar las marcas en sus cuerpos. El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médicocuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud.

El subregistro de los casos de SIDA: en enero de 2009 el número estimado de personas con VI H-SIDA sería de 483 (2.06%). Es decir que la cantidad actual de detenidos con VIH-SIDA rondaría el 2% de la población general penitenciaria, un porcentaje que sorprende cuando se lo contrasta con los porcentajes en cárceles de países centrales. Por citar sólo un caso: el promedio español es de un 18 % de detenidos con VIH-SIDA.

Muertes por SIDA: según estadísticas oficiales, el 19% de la cantidad total de los fallecidos en el año 2008 en las cárceles de la provincia, lo fue por consecuencia del VIH-SIDA. Asimismo, representan el 35 % de las muertes por causa natural. Los datos presentan un subregistro importante, ya que el diagnostico de defunción indica paro cardiorrespiratorio no traumático. Por lo cual hay que agregarle la certeza de que en el restante porcentaje de muertes por causa natural habrá más personas fallecidas por esta causa.

Violencia institucional e investigación judicial: la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de los lugares de encierro (cárceles, comisarías e institutos de menores) y en ocasión de intervenciones policiales en la vía pública (averiguaciones de antecedentes, detenciones, represión de manifestaciones, etc.) es denunciada, en algunos casos, ante la justicia penal. Estos hechos pocas veces son investigados en profundidad y casi nunca llegan a obtener una sentencia en el sistema judicial provincial. La base de datos construida en el Comité contra la Tortura incluye once mil expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad. Para el periodo 2000-2008, el 60% de las causas se registra en trámite mientras que el 37% se reporta el archivo. Sólo el 1% de las causas fue elevado a juicio, en tanto que en el 2% restante se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia. Esta enorme brecha habla claramente de las dificultades que un ciudadano tiene para acusar y lograr una sanción para los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen delitos. Esta comprobación es en sí misma un llamado de atención para impulsar políticas judiciales orientadas a modificar la situación.

La calificación de las causas: el 77% de las causas judiciales contra personal de las fuerzas de seguridad en el territorio provincial se origina en denuncias por apremios ilegales. Siguen en orden decreciente las denuncias por lesiones (3%) y amenazas (3%) y, luego, las privaciones ilegales de la libertad (2%). Un dato a subrayar es entonces la forma en que se califican los expedientes: la gran mayoría es tipificada comoapremios ilegales y existen en cambio poquísimos casos caratulados como tortura. Los apremios ilegales prevén una pena de 1 a 5 años y son por tanto excarcelables. La tortura prevé penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado. Del total de causas registradas sólo 8 son calificadas como torturas.

Violencia institucional, distribución por fuerzas y departamento judicial: en el año 2008 se registran 877 denuncias judiciales. La policía provincial tiene 321 denuncias (58%); el SPB tiene 216 denuncias (39%), en tanto que el 3% restante (14) son denuncias contra otras fuerzas de seguridad. En el año 2008, los departamentos judiciales que reúnen el 85% del total de las denuncias son La Plata (16%), Mar del Plata (16%), San Martín (15%), Morón (14%), La Matanza (8%), Dolores (7%), Quilmes (6%) y Azul (5%).

Muertes e investigación judicial: un relevamiento realizado en el Departamento Judicial de La Plata permite analizar cómo los fiscales investigan las muertes acontecidas en las cárceles. El Complejo Carcelario de La Plata y Magdalena comprende 16 unidades. En ellas acontecieron 52 casos, esto es el 46 % del total de 112 muertes. De la totalidad de estas muertes, se inició causa judicial en 37 de ellas. En 15 casos (el 29 %), directamente no se formó investigación penal preparatoria. Los informes médicos que llegan a las fiscalías adjudicando la muerte a causas naturales son elemento suficiente para convencer al fiscal de que no hay delito ni responsabilidad penal de ningún funcionario público. En ninguno de los casos de muertes clasificadas como traumáticas (suicidios, peleas o heridas de arma blanca) se investigó el desempeño del personal penitenciario por acción u omisión en su ocurrencia.

Las sentencias de hábeas corpus: de la lectura de 207 resoluciones judiciales derivadas de las presentaciones de hábeas corpus efectuadas por el Comité Contra la Tortura , es posible llegar a algunas conclusiones significativas. En 123 sentencias (59,42% del total) los jueces para resolver sólo se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario. Resulta que quienes son denunciados son los que aportan la información determinante para resolver la denuncia presentada. A esto debe agregarse el alto porcentaje de casos en los cuales ni siquiera se mantiene audiencia con el destinatario de la acción, requisito establecido en el artículo 412 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Naturalización de las condiciones de detención: asimismo se desprende de los fallos judiciales que no obstante denunciarse una serie de actos lesivos vinculados a régimen de vida o condiciones de detención, muchas veces no son abordados ni evaluados en las sentencias. Esto parece responder a la banalización por parte de los operadores judiciales de ciertas condiciones de detención, que por extendidas han pasado a ser consideradas normales, pero que en términos legales constituyen un claro agravamiento de las condiciones de detención.

Inversión por detenido: calculada la población carcelaria en 24.400 detenidos (cifra oficial de marzo de 2009), esto significa que por todo concepto el Estado provincial invierte $ 48.549 anuales en cada detenido, esto es $ 4.045 mensuales. Este monto contrasta con las pobres condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos, alimentos. El Ministerio de Justicia no impulsó tareas de auditoría independientes ni jerarquizó debidamente al cuerpo de funcionarios que tenían por misión realizar controles sobre las entregas de proveedores en las distintas unidades.

Investigación judicial y denuncias de corrupción: las causas de corrupción que pudieron relevarse y se encuentran en etapa de investigación judicial no han avanzado: no hay imputados, no se adoptaron nuevas medidas o diligencias judiciales, no existieron sanciones administrativas. Son causas que investigan pago de sobreprecios de insumos alimentarios, irregularidades en la compra de insumos y en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras.

Implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La ausencia de decisión política y la falta de presupuesto para su implementación frustraron el espíritu de ambas normas, que proponían un abordaje integral en términos de derechos para los niños y jóvenes. No se crearon los dispositivos preventivos, asistenciales y de contención contemplados por la ley, no se modificaron las condiciones indignas de alojamiento y tratamiento en institutos y centros de recepción, y tampoco se lograron bajar los niveles de institucionalización de niños y adolescentes. En síntesis, en la provincia de Buenos Aires, al no destinarse los fondos indispensables, los mecanismos previos y complementarios del sistema de responsabilidad penal juvenil aún no funcionan.

Violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar aproximadamente 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción, aunque la población con causas penales es mayor.

Muertes de jóvenes en institutos provinciales: fallecieron cuatro jóvenes por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en sucesivas inspecciones a los lugares de detención de jóvenes un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones. Éstas no constituyen casos aislados sino una posibilidad latente en estas macro-instituciones de encierro que carecen de actividades y no ofrecen la posibilidad de trabajar con los jóvenes la dimensión de lo sucedido, el delito que cometieron y mucho menos la elaboración de un proyecto de vida. Este sistema, que se repite en la mayoría de las instituciones inspeccionadas, no se aplica del mismo modo en dos de los centros de recepción de la provincia de Buenos Aires: el de Mar del Plata y el de Malvinas Argentinas. Excepto en las dos instituciones mencionadas, que aún están experimentando la nueva dinámica (con las dificultades que provocan los aumentos constantes de la población, el hacinamiento y la falta de recursos genuinos), el resto continúa con regímenes arcaicos que poco se diferencian de los mecanismos carcelarios que privilegian premios y castigos y no derechos y deberes.

Acceso a la educación: en algunos centros constatamos que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes: el Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del Ministerio Público, en virtud de lo establecido en acordada 2825. Durante el año 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total de denuncias, 74 corresponden a comisarías (94%) y 5 a instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (6%). Las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Menores de edad en comisarías: la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Comisarías: al mes de diciembre de 2007, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendía a 2.782. En marzo de 2009 ascendía a 4.142 personas; es decir, 1.460 detenidos más. Las condiciones de alojamiento en las dependencias policiales continúan siendo gravosas. Al pésimo estado edilicio de los calabozos se suma la deficiente y muchas veces inexistente atención médica, la escasa provisión de comida, la imposibilidad de acceder al teléfono, la falta de colchones ignífugos y de frazadas, todo esto agravado al extremo en los casos en que hay sobrepoblación. Existen comisarías que tienen hace años órdenes de clausura y otras sobre las que pesan medidas cautelares, sin que por ello se proceda a ponerlas en condiciones y/o a cumplir medidas judiciales de antigua data. Esto es particularmente grave en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y Quilmes, con sentencias judiciales que se incumplen sin consecuencia alguna, responsabilidades que se diluyen y personas que permanecen detenidas en condiciones aberrantes

Reforma del estatuto policial: se sancionó un proyecto de ley que modifica el estatuto policial, formalizando la vuelta a una estructura centralizada en comisarios y regresando a la vieja estructura que se ganara el mote de maldita policía. Además de re-centralizar el mando en cabeza de un jefe policial, este nuevo proyecto desalienta la profesionalización de la fuerza y suprime el requisito de poseer título universitario para acceder a los cargos de mayor jerarquía. También modifica el sistema de ascensos de manera substancial, rompiendo el esquema de ascensos por merito y formación y retorna al ascenso por tiempo y selección, que permite mayor discrecionalidad en las decisiones fomentando los nombramientos a dedo.

Prácticas policiales, la detención por averiguación de identidad: si bien los cambios producidos en la normativa que regula las facultades y accionar de la policía de la provincia modificaron substancialmente el objetivo central de la antigua averiguación de antecedentes por uno nuevo y específico -la averiguación de identidad- han dejado en su redacción un margen amplio de discrecionalidad. Esto, sumado a la vaguedad de la previsión legal y a la ausencia de control judicial sobre dichas prácticas, permite que sea el arbitrario sentido común policial el que determine cuándo pueden ser vulnerados los derechos constitucionales a la libre circulación y a no ser detenido sin orden de autoridad judicial.

Detener más no significa detectar más delitos: en las entrevistas mantenidas con los titulares de las dependencias policiales del casco urbano de la ciudad de La Plata , la detención por averiguación de identidad fue caracterizada como una efectiva herramienta de prevención de delitos. El Estado provincial no realiza análisis ni estudios de los resultados que arroja su utilización. De los datos obtenidos a través de las actas analizadas por el Comité Contra la Tortura , surge que los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. De un total de 658 detenciones, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos tipificados en el código penal. Estos datos nos permiten poner en tensión tanto la eficacia de la aplicación de la detención por averiguación de antecedentes en la prevención y represión del delito, como el denominado sentido común u olfato policial, a la vez que reafirmar que la defensa de estas prácticas discrecionales de la policía tiene su raíz en criterios estigmatizantes y la utilidad como herramienta de extorsión en el marco de la actividad recaudatoria de la institución policial.

La implementación del Protocolo Facultativo en la Lucha contra la Tortura: Argentina ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura , que cuenta con jerarquía constitucional. Esta ratificación implica el compromiso de los Estados nacional y provinciales de crear un mecanismo nacional de control de lugares de detención, a fin de prevenir la tortura. Estos mecanismos tienen por fin realizar visitas regulares y periódicas de monitoreo a lugares de detención, visitas que deben ser realizadas por órganos de expertos que cuenten con independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Ejecutivo. Nuestro país está en mora en la implementación de estos mecanismos de control, a pesar de diferentes proyectos (uno elaborado por más de veinte organismos de derechos humanos) que se encuentran tramitando en el Congreso nacional. Por otro lado, el Gobierno nacional ha propuesto para la Procuración Penitenciaria nacional (organismo de control de cárceles federales) a una candidata que no cuenta con independencia para dicho cargo y que además ha negado la existencia de la tortura en los penales federales. Ambos aspectos marcan un retroceso en la prevención y lucha contra la tortura en nuestro país.

Miembros:

Adolfo Perez Esquivel, Hugo Cañón , Laura Conte , Aldo Etchegoyen , Víctor Mendibil , Elisa Carca , Elizabeth Rivas , Mauricio Tenembaun , Tito Cossa ,

Daniel Goldman, Luis Lima , María Verónica Piccone , Carlos Sanchez Viamonte, Martha Pelloni , Emilce Moler , Susana Méndez, Fortunato Mallimaci ,

Víctor De Gennaro, Alejandro Mosquera

Consultor Académico: Leopoldo Schiffrin

PARA AMPLIAR.

HUGO CAÑON : (011) 1544901212

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: (011) 15 5853 8829

ROBERTO CIPRIANO : (0221) 15 601 7695

ANA CACOPARDO : (011) 15 5736 7109

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

ENTREVISTA AL SHEIJ ABDALA MADANI EN ARGENTINA.-

De acuerdo a los ultimos acontecimientos, las victimas mortyales en la frnaja de Gaza ya casi alcanzan a mil, en tanto se contabilizan, mas de 3400 heridos de variada gravedad, en tanto Israel, decidiò no acatar la Resoluciòn de Naciones Unidas, de cesar en forma inmediata las hostilidades, en tanto la Canciller Israelì, Tzipi Livni, manifestò que el Estado de Israel, debe alcanzar sus objetivos.- En tanto, en varios lugares del mundo se llevaron a cabo manifestaciones de repudio contra el genocidio desplegado por el Ejercito sionista en la franja, en tanto uno de los vehìculos de la Cruz Roja Internacional, que presta ayuda humanitaria en la zona, fue alcanzado por uno de los ataques israelìes.-En Madrid, miles de personas se concentraron frente a la Embajada, del Estado de Israel, repudiando sus actos, al igual que en la Rep. Argentina, en la ciudad autonoma de Bs. As, frente a las narices de los representantes del sionismo internacional, en tanto èstas manifestaciones se van reproduciendo en varios lugares del mundo.-

El CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y SOCIAL, de la ciudad de Mar del Plata, tampoco puede estar ajeno al repudio, por la masacre desplegada a travès del terrorismo de estado Israelì, y realizamos una entrevista al Sheij Seied Abdala Madani, quien se encuentra al frente de la Asociaciòn Argentina Islàmica, de la Mezquita Al Imàn, Asesor Teològico del Hogar Arabe-Argentino, entre otros...

ENTREVISTA AL SHEIJ ABADALA MADANI:

CIPS - Què opina acerca de la actitud asumida por la Comunidad Internacional acerca de este conflicto?

SHEIJ: En el Nombre de Dios. Los musulmanes ya estamos acostumbrados que los organismos internacionales miren hacia otro lado cuando nuestros países son agredidos. La ONU, siempre está atenta a los dictámenes de EE.UU. o Israel y ello ha quedado demostrado con la invasión a Iraq, Afganistán, al Líbano y ahora la Franja de Gaza. ¿Cómo es que después de ocho días de ataque por parte del ejercito sionista de Israel, recién ayer se reunió el Consejo de Seguridad y después de cuatro horas no pudieron arribar a ninguna solución para poner fin al genocidio? La ONU sacó cientos de resoluciones en contra de Israel pero jamás aplicó ninguna. No basta con decir ¡condenamos! para que el mundo ingenuamente piense que la ONU sirve para algo y en realidad es todo lo contrario.

2.CIPS- Usted cree que debido a las divergencias existentes entre Hamas y Al Fatah, estos acontecimientos favorecerian a la direccion politica de Al Fatah en la Franja?

R: SHEIJ:Basados en experiencias, tal el caso de Hezbullah en el Libano, ha de ser el Hamas quien se fortalezca y no solo en Gaza, sino en toda Palestina y el mundo como ya así ocurre. El Hamas ha sido, es y será el Movimiento de Resistencia por excelencia de los Palestinos, además, no olvidemos que el Hamas es el gobierno que eligió el pueblo.

3.CIPS- Existe entre los paises àrabes una verdadera uniòn frente al conflicto por el que atraviezan los palestinos?

R: SHEIJ: Lamentablemente hay gobernantes que pudiendo hacer algo, al igual que los organismos internacionales miran hacia otro lado, por ello me hago eco aquí de las palabras de nuestro Líder Ayatullah Jamenei cuando recientemente refiriéndose a Gaza dijo: “Existe una tragedia mayor en todo esto, que es el silencio animador de algunos gobiernos árabes que dicen ser musulmanes.”

4.CIPS:- Cuàl es la postura de Irak, Iran, Libano y Siria, en relacion a Gaza?

R:SHEIJ: De apoyo absoluto. Irán por su parte fue el primer país en enviar ayuda a los palestinos y nuestro Líder además ordenó: “Todos los muyahidines palestinos y todos los creyentes del mundo musulmán tienen el deber de hacer todo lo posible por defender a las mujeres, niños y hombres indefensos de Gaza, y todo el que muera en esa sagrada defensa será un mártir del que se espera more junto a los demás mártires de Badr y Uhud en presencia del Profeta, saludos a él y a su familia.”

5.CIPS:- Usted piensa que las Naciones Unidas impondràn sanciones econòmicas a Israel por lo acontecido en Gaza, o piensa que algùn pais del Consejo de Seguridad apoyarà los ataques y por que?

R: SHEIJ: Pensar que la ONU imponga sanciones económicas a Israel equivale a querer tapar el sol con el dedo. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Y en cuanto a que algún país del Consejo de Seguridad apoye los ataques a Gaza, pienso que las pruebas son claras, no solo con la provisión de armamentos a Israel sino también muchos con su silencio apoyan estos ataques.

6.-CIPS: Cuàles son los acuerdos de paz propuestos por Israel?

R:SHEIJ: Los sionistas nunca han querido la paz. Y sus propuestas son falaces y ridículas. Ud. fíjese cuando Rabin y Arafat firman el tratado, ¿qué paso con ambos? Primero mataron a su propio primer ministro y luego siguieron con Yasser Arafat a quien confinaron en la Muqata, en Ramallah y trataron de terrorista, paradójicamente luego de haber éste obtenido el Premio Nobel de la Paz. Los presos palestinos entre los que se encuentras muchos niños, los asesinatos selectivos y este ataque a la población civil de Gaza no son signos de querer la paz. Y esto no es de ahora, sino que el Nakba (tragedia) palestina cumplió ya 60 años.

7.- CIPS: Que opina de las justificaciones de Simon Peres con respecto a los bombardeos?

R:SHEIJ: Son las mismas que utilizaron para atacar al Líbano, es claro que yanquis y sionistas estudian el mismo libreto. Todavía el mundo entero se pregunta que pasó con las armas químicas. Sin embargo, tanto en Iraq como en el Líbano yanquis y sionistas salieron como ratas por tirantes, y también sucederá con Palestina, la sangre de los mártires no será derramada en vano.

8.CIPS -Cree que es inminente una ofensiva?

R:SHEIJ: Ya el solo hecho que un ejèrcito armado hasta los dientes haya atacado a un pueblo inocente, sea por aire o por tierra es vergonzoso. Pero así como los sionistas no han podido contra tres mil valientes, me refiero al Hezbullah, también acá se irán derrotados pues como dijo el Imam Jomeini (r.a) “Palestina pertenece a los musulmanes y tarde o temprano va a retornar a ellos”.

9.CIPS- Muchas gracias Sheij por su aporte.-

En tanto, decìamos, las manifestaciones de repudio a la masacre de Gaza proliferan por el mundo...desde aquì adherimos solidariamente a Palestina como asì tambien a todas aquellas organizaciones, que repudian actos de barbarie y terrorismo, como el despelgado por el Estado de Israel, en medio oriente.-

ALTO A LA MASACRE EN GAZA
Las organizaciones culturales, sociales, sindicales, políticas, abajo firmantes repudian el criminal ataque israelí contra la inocente población palestina en la región de Gaza. Se trata de una nueva acción genocida que se agrega al listado de hechos sangrientos perpetrado por el gobierno israelí en contra de las poblaciones árabes.
Las cruentas prácticas del gobierno israelí cuentan con el apoyo incondicional de la potencia imperialista norteamericana de la pasividad de Naciones Unidas y la indiferencia de gobiernos , silencio que convierte en complicidad con los asesinos planes del sionismo.
Los responsables de estos delitos de lesa humanidad deben ser condenados por todos los pueblos del mundo.
Convocamos a movilizar y exigir la condena de estos hechos por parte de todos los gobiernos del mundo.
Invitamos a toda la ciudadanía a realizar una caravana de autos y radio abierta el día martes 13/1 en 7 y 50 y una concentración en 7 y 50 el día miércoles 14/1
- Cese de la agresión militar sionista en Gaza. Retiro de Israel de los territorios ocupados.
- Libertad a los presos políticos palestinos de las cárceles sionistas.
- Abajo el terrorismo de Estado de Israel. Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.
- Por el fin inmediato del bloqueo a Gaza y del Muro del Apartheid.
- Por el derecho al retorno de los palestinos a sus tierras. Por su derecho a elegir a sus representantes.
- Anulación del tratado Mercosur-Israel. Boicot internacional a Israel: llamado a los trabajadores al bloqueo de cargas provenientes o con destino a Israel.
- Que los gobiernos de los países del Mercosur, Unasur y Grupo Río adopten medidas políticas y diplomáticas efectivas en repudio al genocidio sionista.
Exigimos al Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de ISRAEL
Exigimos al gobierno Pcial de Daniel Scioli y a los intendentes y concejos deliberantes de la región que se pronuncien contra la masacre que el Estado de Israel esta produciendo sobre la Franja de Gaza y el pueblo palestino.
Martes 13/1 : Caravana de autos y radio abierta en 7 y 50, salimos a las 10 hs de 1 e/ 44 y 45
Llevar banderas de Palestina, Libano Siria, Argentina y banderas blancas, hasta posterior Radio Abierta a las 11 hs en 7 y 51.-
Miércoles 14/1: concentración en 7 y 50 a las 11 hs
Jornada nacional de esclarecimiento en todo el país miércoles 13/1
Jornada Nacional de movilización en todo el país el miércoles 21 /1 en Congreso y hacia la Embajada de Israel
Primeros firmantes:

Asociación Argentina Islámica
Sheij Abdala Madani
Comisión directiva Suteba La Plata
Agrupaciones docentes:
Lista Azul y Blanca
Lista Marrón
Tribuna Docente
Corriente 19 de diciembre
Alternativa Docente
Colectivo de trabajadores de Educación – el bondi-
Junta interna Ate Educación
Encuentro Sindical de Base
Delegados estatales, Economía, Educación, Desarrollo Humano, de IOMA, del Astilleros Río Santiago
Organizaciones de desocupados
CCC
MST – Teresa Vive
Polo Obrero
Mujeres de pueblos originarios
Agrupación pan y rosas
Plenario de trabajadoras
Amas de casa del país
Grupo de reflexión y compromiso
Cátedra Historia Asia –Africa - Humanidades UNLP
Agrupación andina hijos del cóndor
Coordinadora por la libertad de los presos políticos
FIDELA
CADHU
CeproDH
Liberpueblo
FULP
Centro de Estudiantes de Bellas Artes
Movimiento Estudiantil Liberación
Agrupación en Clave Roja
Agrupación juvenil No Pasarán
UJS
CEPA
JS-MST
PO
PTS
MST
PCR
MPR – Quebracho
Corriente Socialista El Militante
Centro investigacion Politica y social de Mar del Plata

NUEVA AGRUPACION AJB-MAR DEL PLATA

El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se ve atravesado en su organización por una concepción economicista según la cual los fondos que demanda su funcionamiento constituyen un simple gastos, y no toma en cuenta que estamos en presencia de una de las funciones esenciales del estado, como es la administración de justicia.
Esta lógica económica aplicada al Poder Judicial se traduce en el exiguo presupuesto que los otros dos poderes -el ejecutivo y legislativo- le asignan, siendo en esa ecuación los trabajadores judiciales la variables de ajuste que paga diariamente de dicho déficit, es decir somos aquellos que ponemos el cuerpo contra toda adversidad estructural y dejamos nuestra salud, nuestra vida familiar, y nuestro haberes en pos de posibilitar el funcionamiento de la justicia.
La realidad socio-económica del país agrava esta la situación de la señora de la balanza y los ojos vendados, ya que la judicialización casi total de los conflictos sociales generados por la ausencia del estado en otras áreas como la educación, salud, empleo y seguridad social, se reflejan en el crecientes número de procesos en los fueros civil y comercial, penal, contencioso-administrativo, laboral y familia en cuyo trámite se debaten esas problemáticas traducidas en casos concretos y donde se les intenta dar una solución en muchos casos inviable.
Es decir a mayor conflictividad social se genera un mayor número de juicios, afrontado con un presupuesto cada vez más exiguo, con carencia de insumos, con edificios insuficientes y los existentes en ruinas o antifuncionales, y con órganos y personal cuya cantidad dista mucho de ser los necesarios para afrontar tamaña cantidad de procesos.
La incidencia de estas variables en nuestro vínculo de empleo público las padecemos diariamente funcionarios, auxiliares de justicia y empleados del Poder Judicial con el creciente números de afecciones físicas -alteraciones del sueño, trastornos gastrointestinales etc.- y psicológicas -stress laboral, fobias, ataques de pánico etc.- vinculados a la sobrecarga laboral.
Asimismo la postergación de nuestros ascensos al no mostrar "colaboración" con el trabajo en equipo organizado por el titular del órgano para intentar en vano y con el esfuerzo compartido pero con remuneraciones desiguales, contrarrestar estos obstáculos estructurales; no contando con el descanso y esparcimiento necesarios a causa de jornadas de trabajo extendidas hasta el infinito -incluídos sábados, domingos y días no laborables-; con vidas familiares atravesadas por las largas horas de encierro en nuestros sitios de labor para alcanzar la inalcanzable meta del "despacho al día", con la caída diaria del poder adquisitivo de nuestros salarios en virtud de tener que realizar "aportes solidarios y mancomunados pero nunca proporcionales a los haberes que percibimos jueces, funcionarios y empleados" para pagarle a la señora de la limpieza; tomando a nuestro cargo de los gastos de refrigerio, de jardín maternal o de aquellos que demandan el cuidado de nuestros hijos durante ese tiempo suplementario de labor; o haciéndonos objetos de sumarios administrativos fundados en "incumplimiento" de tareas delegadas de facto, ajenas a nuestra responsabilidad funcional; o negándonos sistemáticamente nuestras licencias por examen; son herramientas con las cuales nuestro empleador intenta disciplinarnos laboralmente y dar una "solución" salomónica a tamañas deficiencias estructurales.
Es por ello que, convencidos de que la AJB es la herramienta idónea para contrarrestar la flexibilización laboral reinante en el seno del Poder Judicial y por que aspiramos a construir una alternativa gremial que asuma en un futuro inmediato la conducción de su destinos en esta departamental, para defender colectivamente y hacer realidad el respeto y ejercicio de nuestros derechos humanos a la jornada limitada de trabajo, al ascenso, a igual remuneración por igual trabajo y al descanso -entre otros- en nuestro ámbito de empleo público, es que los trabajadores constituÍmos esta agrupación pretendiendo con lucha, coherencia y compromiso dar solución a los problemas laborales que los judiciales marplatenses padecemos a diario.- Primeras Firmas: Mariano Fernando Fernandez Cámara Penal Sala II; Dr. Leonardo Pérez Hegui Defensoría Oficial Nº5; Luis Burgos Monge Juzgado Civil y Comercial Nº11; Dra. María Libertad Celeste Cordido Juzgado de Garantías Nº4; , Cristian Casas Cámara Penal; Yesica Baglioni Juzgado Civil y Comercial Nº5.-
ADHESIONES: nuevafuerza2009@gmail.com.-

Fuente: nueva fuerza 2009.-

EN LOS HOMBROS DE LOS HOMBRES

Es sabido ya, y desde tiempos lejanos, que la Administraciòn de justicia, es una de las obligaciones ineludibles por parte del Estado, valuarte que caracteriza a un verdadero Estado de Derecho.- Para ello, emergen las Instituciones de la Democracia, y entre ellas, el òrgano jurisdiccional, representado en todos y cada uno de sus integrantes.-

Tambien en muchas oportunidades, se ha debatido, la distribuciòn del caudal econòmico estatal, para poner en marcha dichas instituciones, pasando desde criterios economicistas, priorizando, a un determinado Ministerio, o bien a un determinado Organo, haciendo una inequitativa distribuciòn del presupuesto, lo que incide en un conjunto de deficiencias ,en cuanto al desarrollo de la funciòn, sea, por faltas de recursos econòmicos, tècnicos y humanos.-Y lo que obra en deficiencia en èste caso puntual, es nada mas ni nada menos que la Administraciòn de justicia.-

Cuàl ha sido la postura estatal, para tratar de "paliar èstas deficiencias"? Muy simple, ante la falta de recursos econòmicos, todo se deposita sobre los hombros del hombre...es decir, del funcionario y empleado judicial, que debe soportar sobre su ser, las implicancias generadas por un sistema que despiadadamente, incide sobre su persona, y èsto en detrimento a su vida de relaciòn, llàmese en lo familiar, en lo laboral, menoscabando de èsta manera su dignidad de trabajador, y ubicandolo como objeto de un sistema y no como un verdadero sujeto.-

Demàs està decir, que la forma de "trabajo cotidiana" dista mucho en èstas circunstancias, de ser compatible con normas del mas alto rango que protegen derechos fundamentales, sino, todo lo contrario.-

Para que la justicia, funcione, como respuesta al ciudadano, se trabaja en forma inhumana, con consecuencias, en muchos caso graves, sobre la salud, no solo fisica sino psiquica del hombre.-Los resultados de èste sistema no se hacen esperar...comenzando con las consultas y posteriores Juntas mèdicas, como asì solicitudes de licencia por razones de salud.-

Pero tampoco se debe dejar de mencionar, còmo se ejerce en èstas Instituciones el poder jeràrquico, en muchos casos: el sistema en èstas condiciones de esfuerzo sobrehumano, favorecen las conductas arbitrarias, que se manifiestan en las medidas o mecanismos de presiòn que se llevan a cabo, en algunos casos muy sutiles al principio, luego ante la "resistencia del empleado", por negarse a prestar su "colaboraciòn", vienen los apremios de todo tipo, emergiendo asi, como ùnica regla, la de la violencia institucional, que sòlo busca el mantenimiento de dicho sistema, porque se priorizan razones econòmicas, a otros derechos fundamentales.-

Hasta incluso me animarìa a decir, que surge una definiciòn, equivocada, bastardeada, del tèrmino "colaboraciòn", que en la realidad de los hechos, aparece como una imposiciòn totalmente arbitraria, de un hacer algo, que no le corresponde al empleado.-

Es por ello que las Asociaciones sindicales, cumplen con un rol fundamental, en la defensa de los derechos de sus miembros, resultando una Asociaciòn, de vital importancia, para sujetar o "contener" ciertas conductas abusivas, en desmedro del trabajador.- Pero para ello, es necesario contar con verdaderos representantes, de lo que el gremio requiere, mas aùn cuando las situaciones vividas, estàn a la luz de los ojos, y debidamente documentados los daños y los perjucios que sufre la persona.-La Asociaciòn Sindical, debe entre otros aspectos, velar por èsa dignidad del trabjador, de la cual mencionè, en el principio de èste trabajo, caso contrario, aqui, tambien se producirà un bastardeo de los conceptos y sobre todo de aquèl que reza: "la libertad de trabajo, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la salud, a la moral, ni sea contraria a las leyes del paìs o a los derechos de terceros" (art. 27 Const. Pcia Bs As), entre otras...pero que paradòjico es el texto de la norma con la realidad imperante.-

En tanto una asociaciòn sindical ,permanezca ajena de alguna manera a estos conflictos, sera funcional al sistema, pero jamàs, se podrà decir, que se encuentran en la representacion de los derechos de sus afiliados.-

Desde èste lugar excelentes augurios y felicitaciones a "NUEVA AGRUPACIÒN MDP- AJB"/"NUEVA FUERZA 2009" Y DESDE YA, ESTAMOS EN COLABORACIÒN EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR.-

GENOCIDIO EN GAZA

CONTINUA LA MATANZA DE PALESTINOS EN GAZA POR LOS BOMBARDEOS DEL TERRORISMO ISRAELI!!!.-

Las distintas operaciones bèlicas y clandestinas, llevada a cabo por las fuerzas del terror israelì, ya han dejado en los ùltimos tres dìas, algo mas de 300 muertos en la Franja de Gaza, por medio de bombardeos desde aviones de combate F-16. Asistimos una vez màs, a una de las tantas operaciones de exterminio masivo, llevado a cabo por Israel, ejecutando matanza de particulares, entre ellos ancianos, enfermos y niños, tal como hace poco tiempo atràs, sucediò en el sur del Lìbano, a travès de la invasiòn por parte del Ejèrcito sionista a aquel paìs.- Una vez mas, los funcionarios del terror, despliegan sobre la poblaciòn civil todas sus armas, para llevar adelante la consolidaciòn de su plan estratègico de intentar imponer la dominaciòn a travès de la erradicaciòn de una cultura, de un pueblo, que a pesar que desangra, resiste a lo largo del tiempo, el terrorismo estatal desplegado por Israel.-

El Estado de Israel, cuenta con el aval de EE.UU para llevar adelante èste genocidio, al violar reiteradamente los tratados internacionales, que prohiben los ataques militares a poblaciones civiles, no siendo pasible de la aplicaciòn de las condenas econòmicas, puesto que EE.UU, ejerce el derecho de vetar su aplicaciòn.-

La polìtica de destruccciòn masiva fue desplegada a lo largo de los años, obligando a travès de las torturas y persecuciones culturales e ideològicas, el èxodo del pueblo palestino hacia otras tierras en calidad de asilados, o bien, mediante ejecuciones a mansalva de particulares, en donde no se investigan a los responsables de las fuerzas sionistas.- La invasiòn de paìses vecinos fue tambien la constante de Israel, para proceder a la destrucciòn incluso de las fuentes energèticas de sus paìses vecinos, para luego retirarse.- No podemos dejar de mencionar, que en la ùltima invasiòn al Lìbano, los bombardeos se realizaron mediante ojivas de uranio empobrecido, que hasta la fecha dejaron consecuencias letales para los habitantes del sur del Lìbano, y tambien el arrojamiento de las denominadas bombas racimos, prohibidas internacionalmente.-

Lamentablemente, aùn ante la crìtica de la Comunidad Internacional, por estos actos terroristas, se produce la constante en su reiteraciòn, ya que los sionistas son avaldos, por un miembro del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas: Estados Unidos de Norteamerica.

Tambien, de acuerdo a las ùltimas informaciones recibidas, Israel, se apresta a realizar una invasiòn terrestre a la franja de Gaza, en donde se encontrarìan alistados unidades acorazadas, y el llamado de 6500 reservistas, para realizar una posible incursiòn.-. Simultàneamente el primer Ministro israelì, Ehud Olmert, señalò que el Ejèrcito necesitarà tiempo, para completar su misiòn en Gaza.-

Sin lugar a dudas que estos hechos son notorios, y ante la vista de la comunidad internacional, que si bien repudia èstos actos, no ha tomado medidas, para sancionar y castigar èstos crìmenees de lesa humanidad o al menos medidas para poder evitarlos.- Lògicamente que èsto no se condice con los fines de la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto a "la paz y la seguridad internacional".-

Las intenciones del estado sionista, no son ni mas ni menos, que la de seguir llevando adelante un genocidio, ante la mirada atònita del mundo.- Esperemos que no ocurra en la historia del pueblo palestino, lo que pasò con el pueblo armenio, que luego de muchismos años, se reconociò, a la matanza de dicho pueblo, como un verdadero genocidio, por parte de una fuerza de ocupaciòn.-

FEARAB BUENOS AIRES Y CONURBANO Convocan:
LUNES 29 DE DICIEMBRE a las 15 HORAS
Concentración en Plaza de Mayo

Para marchar hasta la embajada del estado terrorista y genocida de Israel.
Se solicita a los convocados, solo traer banderas argentinas y/o palestinas
Adhiere: Federación de Entidades Argentino – Palestinas

Asociación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Palestino (AARSOPAL) y
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) convocan:
LUNES 29 DE DICIEMBRE desde las 19 HORAS
vigilia por Gaza:
DETENGAMOS EL GENOCIDIO! CONDENA A ISRAEL!

Pasaremos la noche frente a la sede diplomática. Se prenderá una vela por cada palestino asesinado. Acompañaremos el dolor de un pueblo que sufre un horroroso genocidio, con banderas, máscaras y otros elementos que cada organización considere pertinentes para la ocasión. Durante el transcurso de la noche elaboraremos una declaración conjunta con los compañeros presentes, que será leída al cierre de la vigilia.

Más información: 15-36459390/ Secretaría AARSOPAL/ http://ar.mc322.mail.yahoo.com/mc/compose?to=presidencia.aarsopal@gmail.comAdhiere: Federación de Entidades Argentino-Palestinas

CUANDO LA JUSTICIA ES LENTA...NO HAY JUSTICIA!!!

La Sala II de la Càmara de Casaciòn Penal, concediò la libertad a los ex Capitanes de Navìo Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta como asì tambien a los ex oficales de la Armada Raùl Scheller, Juan Carlos Rolòn, Jorge Radice, Raùl Gonzàlez, Ernesto Weber, Antonio Pernìas, Vìctor Cardo, Alberto Gonzàlez y Nèstor Savio.- Quienes obtuvieron la excarcelaciòn son acusados por delitos de lesa humanidad como imposiciòn de tormentos en forma reiterada, en concurso real con el delito de privaciòn ilegìtima de la libertad agravada en forma reiterada.

El fundamento de la Sala II se basa en los plazos previstos en la ley 24390, que en su art. 1, señala "...la prisiòn preventiva no podrà ser superior a dos años, cuando no se haya dictado sentencia..." no obstante cuando la complejidad de la causa o la cantidad de delitos atribuidos al procesado, hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, èste podrà prorrogarse por un año màs bajo resoluciòn fundada, que deberà comunicarse de inmediato al tribunal superior para su contralor.-

Los Camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobuccio y Luis Garcìa, interpretaron que dichos plazos deben computarse a partir del primer dìa de detenciòn.-

La situaciòn del represor Astiz, verdaderamente es alarmante.- El genocida, tiene sobre us espaldas una condena a prisiòn perpetua, dictada por un Tribunal de Francia, por la desapariciòn de las monjas francesas, Alice Domon y Leònie Duquet en1977.-

A su vez, durante muchìsimos años, los genocidas fueron beneficiados por el Poder de turno, que alentaron la impunidad, corolando con las leyes de obediencia debida y punto final, a los autores, participes, colaboradores y alentadores de crìmenes de lesa humanidad, es decir, se les garantizò a los hoy procesados por dichos delitos, el no ser trasladados a una càrcel, o lo que es màs aùn, el no someterlos jamàs a proceso alguno, aùn ante el reclamo permanente de familiares y amigos de desaparecidos por el terrorismo de Estado, y aùn ante la condena de un tribunal que no es nacional.-

Las vìctimas del Terrorismo de Estado, debieron padecer todos y cada uno de los actos desplegados por los servicios de Inteligencia, las fuerzas de seguridad, y las fuerzas armadas, que contaron con la colaboraciòn inclusive de grupos de particulares como tambien por parte de funcionarios judiciales acomodados con ese tipo de "poder" e inclusive, con el conformismo de parte de la Sociedad, ante el consabido "algo habràn hecho"...largos años de destrucciòn humana, cultural, ideològica, social, econòmica, que se desarrollò en la Argentina, con un gobierno de facto que utilizò como herramienta de dominaciòn, todo un aparato de terror y exterminio sistèmico.-

Las vìctimas del terrorismo de Estado al regreso de la Democracia, debieron seguir esperando o ver postergado su ideal de justicia, de someter a proceso a los autores y partìcipes de èstos delitos, por que la voluntad de algunos legisladores, le dijeron "no" rotundo al derecho a la vida, la dignidad, a la identidad, las libertades, etc, cuando quisieron poner broche de oro, a la macabra tarea de èstos autores, tratando de "legalizar" la impunidad durante largos años.-

En tanto las vìctimas del terrorismo de Estado, seguìan padeciendo, la ausencia de ley, y de justicia, ante sus reclamos por muchos años, los genocidas, gozaban de una libertad privilegiada, y muchos de ellos ocupando en plena democracia cargos y frondosos sueldos en el Estado.-

Fuè sin dudas una larga lucha y el resultado de un frondozo proceso, la derogacion de las leyes que avalaban a los crimenes mencionados, para llevar a juicio a sus autores.-

Durante muchìsimos años, personas de nuestro paìs, que fueron secuestradas, torturadas vejadas, con desconocimiento hasta la actualidad de donde estaran sus familiares, como ser esposos, esposas, abuelos, nietos, hijos, amigos, etc, debieron sufrir la larga espera y todo lo que ello significa, para dar finalmente una respuesta de justicia, durante tanto tiempo esperada, postergaday oculta en nuestro paìs, llevandose finalmente a juicio a los genocidas que un dìa decidieron sobre la vida de los demàs, por el solo hecho de pensar distinto.-

Las madres, que ayer, durante el apogeo de los dictadores, daban vueltas en la Plaza incansablemente buscando a sus hijos, buscando desde esos tiempos ya la justicia en nuestro paìs, hoy con sus pelos canos, siguen en ese justo y digno reclamo.-

La abuelas, que incansablemente a lo largo de los años, persiguieron el valor justicia, que sòlo se ve reflejado, em los rostros de sus nietos encontrados, que hoy dia a dia, van recuperando su identidad.- Los hijos, que reclaman la apariciòn de sus padres, y que solamente en su rostros ven reflejados el valor justicia, y con justa razòn....

Muchos años de espera, para comenzar a caminar por las vìas legales, en la bùsqueda de una respuesta...muchìsimos años en la busqueda de justicia...mucho màs de dos....o de tres...con todas sus pròrrogas, años que ya lleva de espera generacìon tras generaciòn. abuelas, madres, hijos, nietos....

La respuesta a la justicia esperada durante tantos años ( mas de dos o de tres) comenzaba a vislumbrar con la derogacion de las leyes de la impunidad y la sustanciaciòn de juicios por la verdad.-

Pero, las chicanas judiciales, el poder polìtico nefasto, la complicidad de un Poder Judicial, que aparece ciego, o al menos interpreta la ley con un sòlo ojo, apareciò nuevamente.-

Parece ser, demasiado injusto, tener en prisiòn a un procesado por màs de dos años o de tres sin sentencia firme...verdaderamente lo es, ya que la lentitud en la justicia, hace peligrar la seguridad juridica y con ello todas sus garantìas.-

Pero tampoco hay que olvidar, la responsabilidad que pueden tener aquellos funcionarios que a travès de artimañas juridicas, pueden dilatar el proceso, buscando como ùnica alternatividad, el vencimiento del plazo establecido por la ley 24.390, a los fines de poder ser excarcelados.-

Es verdad, que cuando el dictado de una sentencia se demora, hace peligrar el valor justicia....pues en el caso de las vìctimas del terrorismo de Estado, fueron muchisimos años de demora de justicia, muchos mas de dos o de tres, es decir, los tiempos señalados por la ley 24390.

Ya lo vemos...CUANDO LA JUSTICIA ES LENTA...NO HAY JUSTICIA!!!

Dicha lentitud, hoy es argumentada por la Sala II de la Camara de Casaciòn Penal, para tratar de liberar, una vez màs ( y van...) a los genocidas sistemàticos...pero la Sala II habla de una lentitud mas alla de los dos o tres años, en el dictado de una sentencia...pero nada se dice, con respecto a las decadas de espera de justicia por parte de aquellos damnificados por el terror estatal...evidentemente,cuando la justicia es lenta...no hay justicia..los que màs esperan y fueron victimas, quedan al desamparo, en tanto los imputados, quedan amparados y gozan de la libertad, màs allà de todo el libertinaje ejercido en tanto gozaban del poder de facto.-

Pero`esta gran bùsqueda por la justicia, o mejor dicho, èsta gran lucha por la justicia, sigue su cauce.-

Ya que el art. 3 de la ley 24390, establece que : " el Ministerio Pùblico Fiscal, puede oponerse a èsta libertad, del imputado, por la especial gravedad del delito que le fuera atribuìdo, o cuando entendiera que existen algunas de las circunstcnias previstas en el art. 319 del CPP o que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa..." a su vez, la propia ley otorga efecto suspensivo a la medida de libertad adoptada por el Tribunal, es decir, la no efectivizaciòn de la libertad, hasta tanto el maximo tribunal resuelva.-

En tanto el Fiscal Raùl Plèe, pidio la suspensiòn del tràmite, anticipando de esta forma, su aplelaciòn al fallo.-

Sin lugar a dudas, dentro del Poder Judicial, continùan existiendo elementos de la dictadura.-Desde aquì repudiamos lo desicido por la Sala II de la Càmara Nacional de Casaciòn Penal.-

REPUDIAMOS ABIERTAMENTE LAS DECLARACIONES DEL PROFESOR HÈCTOR HERNANDEZ DE LA UNIVERSIDAD FASTA

DIJO EL PROFESOR HÈCTOR HERNANDEZ: "...Lo que se deberìa haber hecho en los 70 frente a la guerrilla, era imponer un Estado de guerra, aplicar el Còdigo de Justicia Militar, hacer juicio y fusilar a los condenados, pero nunca hacer desaparecer a nadie. Se tenìa que hacer cumplir la ley militar, y se hubieran evitado muchas cosas"

DECIMOS NOSOTROS: "ABERRANTE, MACABRO, PERVERSO E INJUSTIFICABLE LO SUYO PROFESOR HÈCTOR HERNÀNDEZ..."

En varias oportunidades, se han receptado numerosas opiniones, acerca de la tràgica etapa, por la cual atravezò nuestro paìs, en donde las caracterìsticas en el ejercicio de la ilegitimidad del poder, se manifestò a travès de la interrupciòn del òrden constitucional, dejando de lado nuestra Carta Magna, y con ello, todo el conjunto de derechos fundamentales y garantìas de todos sus habitantes.- Asì, la vida, el honor, la dignidad, la libertad, la libre asociaciòn, la identidad, los derechos civiles y polìticos en su conjunto, fueron arrasados a travès de un accionar violento, sembrando el terror en la Sociedad.-

Muchas opiniones se han vertido sobre el tema, algunas muy extensas, otras mucho mas breves, partiendo desde aquella frase "algo habràn hecho" o " a mì los militares nunca me molestaron para nada"...hasta disertaciones que trataban de justificar lo injustificable, con fundamentos inaceptables, como los esgrimidos por los terroristas de Estado, cuando hablaban de "una guerra", durante la sustanciaciòn de los juicios por la verdad, tratando de èsa manera de "legalizar" las aberraciones cometidas por los mismos durante años en nuestro paìs.-

Pero, tampoco podemos dejar de mencionar, que a la vez, el accionar del terrorismo estatal, no sòlo se viò reflejado en funcionarios, como bien sabemos, la complicidad inclusive, de funcionarios del Poder Judicial, en muchos aspectos que avalaron con sus acciones y omisiones, las aberraciones del poder de facto.-

Tambien. asistimos, y porque no decirlo, al condicionamiento al cual estuvo sometida la sociedad, durante muchìsimos perìodos, que se dieron en la historia Argentina, a una deformaciòn de la realidad imperante, de acuerdo a los intereses de turno, suprimiendose el conocimiento de aquello, que "no podìa saberse", y "enseñàndose" lo que era conveniente o funcional a las dictaduras o sistemas autoritarios.- Para ello se apelò, al ocultamiento del saber, a la deformaciòn de la realidad social, y se bastardearon numerosos conceptos, implementàndose desde el Estado, el terror como mecanismo de dominaciòn.-

Por ello, es lamentable, escuchar, en variadas oportunidades, frases que encierran, comentarios que son producto, de aquellas condiciones ("algo habran hecho").-Pero para que ello suceda, tambien desde otras esferas, es necesario, tratar de justificar, lo injustificable, dandole una impronta "acadèmica" al asunto, como los dichos vertidos por el mencionado profesor de la Universidad FASTA.-

Haciendo un anàlisis de sus referencias, sobre acontecimientos de la dècada del setenta en el paìs, diò una "soluciòn" alternativa a la elegida por los dictadores en cuanto a la desapariciòn forzada de personas: APLICAR EL CÒDIGO DE JUSTICIA MILITAR, HACER JUICIOS Y FUSILAR A LOS CONDENADOS.-

Parece ser, que la ùnica "legalidad" posible, para cometer los crìmenes perfectos, era la aplicaciòn de una "justicia" militar, tal cual lo menciona el Profesor en Filosofia.-

"Se tenìa que hacer cumplir la ley militar y se hubieran evitado muchas cosas"...habrà querido significar que lo que se hubiera evitado, era la responsablidad de los genocidas en delitos de lesa humanidad, constitutivos de exterminio masivo y selectivo de personas, torturas, secuestros, supresiòn de identidades, por tan sòlo la sustanciaciòn de juicios a travès del Còdigo de Justicia Militar y de èsa manera considerar lìcitos los actos desarrollados por los terroristas de Estado?

En mi oportunidad, siendo miembro de un organismo internacional de Derechos Humanos, Amnesty International, y preocupado por la presencia de Guantànamo en pleno siglo XXI, y la situaciòn de los allì secuestrados, en donde la "soluciòn planteada, por EE.UU, era la de someter a los allì secuestrados a un "juicio militar", en manos de un tribunal militar, en donde se considerara como ùnica condena, la pena de muerte, cuya desiciòn serìa inapelable..."soluciòn", que tratarìa de dejar en el olvido, el secuestro, la tortura y otros tratos, de los que permanecen en dicho centro militar, sin acusaciòn formal, sin derecho de defensa y con constantes violaciones de sus derechos humanos...verdaderamente una "soluciòn imperial", que trata de justificar lo injustificable.-

Adhiero desde aquì, al repudio de sus expresiones, sumàndome a lo expuesto por los organismos de Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Resiste, Asociaciaciòn ex detenidos desaparecidos y familiares de detenidos desaparecidos por razones polìticas.-

FUENTE: CAZADOR DE NOTICIAS, AGENCIA ANDA,LA GAZETA